Persecución y genocidio en Myanmar

El informe de las Naciones Unidas sobre la violencia infligida a los musulmanes rohingya y a otras minorías por las fuerzas de seguridad de Myanmar es condenatorio, pero si los culpables se enfrentarán alguna vez a la justicia está abierto a serias preguntas. Mucho depende ahora de la voluntad del Reino Unido y de otros miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que ejercen el derecho de veto para perseguir enérgicamente las acusaciones de genocidio y crímenes contra la humanidad.

Los hechos del caso no están en duda. Los investigadores encontraron patrones de graves violaciones de los derechos humanos y abusos cometidos en los estados de Kachin, Rakhine y Shan que “indudablemente constituyen los crímenes más graves bajo el derecho internacional”, dice el informe del lunes. Entre ellas figuran el asesinato, la tortura, la esclavitud sexual, el exterminio y la deportación forzosa, es decir, la depuración étnica.

¡Basta ya! Stop masacre Rohingya

La afirmación del ejército de estar luchando contra una gran insurgencia terrorista fue efectivamente desestimada. “La necesidad militar nunca justificaría matar indiscriminadamente, violar en grupo a mujeres, agredir a niños y quemar aldeas enteras. Las tácticas del ejército del Tatmadaw son sistemáticas y enormemente desproporcionadas con respecto a las amenazas reales a la seguridad, especialmente en el estado de Rakhine, pero también en el norte de Myanmar”, dice el informe.

Aunque es horripilante, gran parte de lo que se registra en el informe sobre los sucesos acaecidos en Rakhine el año pasado, cuando 700.000 rohingya huyeron al otro lado de la frontera con Bangladesh, no es nuevo. Tampoco lo es su fuerte crítica a la dirigente nominal de Myanmar, Aung San Suu Kyi. Lo que es nuevo es la conclusión oficial de que existen motivos suficientes “para justificar la investigación de altos funcionarios… para que un tribunal competente pueda determinar su responsabilidad por genocidio”.

La Corte Penal Internacional, fundada en 1998, es la opción obvia para enjuiciar a los generales del ejército nombrados en el informe. Alternativamente, podría crearse un tribunal especial de las Naciones Unidas, como ocurrió en Ruanda y en la antigua Yugoslavia. Sin embargo, ambas medidas dependen de la voluntad política del Consejo de Seguridad para actuar, lo cual parece ser insuficiente.

Una de las razones es la resistencia de China a castigar al régimen de Myanmar, con el que mantiene amplios vínculos en materia de inversiones, comercio y energía. Pekín se ha opuesto durante mucho tiempo a la intervención exterior -es decir, occidental- en los países que considera parte de su patio trasero. Los diplomáticos sospechan que una medida concertada para remitir a Myanmar a la CPI, que debe ser acordada por el Consejo de Seguridad, daría lugar a un veto chino.

Este mes Estados Unidos impuso sanciones económicas unilaterales a las fuerzas de seguridad de Myanmar, pero a pesar del sufrimiento humano a gran escala, Myanmar – al igual que Yemen, Siria y Afganistán – no parece registrarse en el radar político de Donald Trump. A diferencia de Barack Obama, Trump no ha mostrado ningún interés en avanzar en la reforma democrática allí.